YA QUEREMOS JUSTICIA Y INVESTIGACION DE LA REPRESION EN LA GUELAGUETZA!!
El 16 de julio de 2007, miles de personas marcharon hacia el Auditorio Guelaguetza para celebrar la "Guelaguetza Popular", un acto organizado por el movimiento local de oposición Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) como contraposición a la Guelaguetza “oficial” (un acto organizado por el gobierno estatal para celebrar las culturas indígenas tradicionales). La policía, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública del estado de Oaxaca y del jefe de policía, cortó el paso a los manifestantes.
Las historias de malos tratos a las personas detenidas el 16 de julio son estremecedoras. La mayoría de estas personas sufrieron malos tratos, según los informes, a manos de la policía durante la detención.
Pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la inacción a la hora de prevenir y castigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la operación policial del 16 de julio de 2007, y que se hagan públicas las medidas que las autoridades están tomando para evitar que se repitan abusos similares, nos encontramos este 16 de julio.
OAXACA: INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA
DONDE: Embajada de Mexico
25 de Mayo 512/514 esq. Treinta y Tres
CUANDO: 16 de julio de 2008
HORA: 17:00
jueves, 10 de julio de 2008
miércoles, 9 de julio de 2008
Sacerdote y Migrantes amenazados en Oaxaca
MÉXICO Padre Alejandro Solalinde Guerra, sacerdote católico y defensor de los derechos de los
migrantes
Migrantes del refugio Hermanos del Camino en Ixtepec, estado de Oaxaca
El padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacifico Sur del Episcopado Mexicano y director de un refugio para migrantes en el municipio de Ixtepec, estado de Oaxaca, recibió de unos funcionarios municipales la amenaza de que, si no cierra el refugio, lo van a quemar. Las vidas del padre Alejandro Solalinde y de los migrantes que se alojan en el refugio corren peligro.
El 24 de junio, un grupo de unos 50 residentes encabezados por funcionarios municipales, entre ellos el alcalde y 14 policías municipales, irrumpió en el refugio Hermanos del Camino, gestionado por el padre Alejandro Solalinde, y amenazó con prender fuego al edificio si no se cerraba en un plazo de 48 horas.
Unos días antes de este incidente, un migrante centroamericano había sido detenido por la violación de una niña de seis años en Ixtepec. En entrevistas a los medios de comunicación, el padre Alejandro Solalinde había condenado la violación, pero había aclarado que el detenido no se había alojado en su refugio. El padre Alejandro Solalinde dijo a los periodistas que la violación había provocado un aumento del resentimiento contra los migrantes centroamericanos que atraviesan Ixtepec para tratar de alcanzar la frontera del norte de México.
En los últimos años, el padre Alejandro Solalinde ha condenado públicamente el trato que las autoridades dan en México a los migrantes irregulares (aquellos un carecen de permiso legal para permanecer en el país), un trato que incluye palizas y extorsiones.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En los últimos años, las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han manifestado su preocupación por los abusos que sufren estas personas, especialmente las procedentes de América Central y del Sur que tratan de llegar a Estados Unidos. Según los informes, las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios mexicanos incluyen palizas, extorsiones y devoluciones en masa. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes visitó en marzo las fronteras del norte y el sur de México y ha manifestado honda preocupación por el trato que reciben los migrantes a manos de las autoridades federales, estatales y municipales, especialmente en los estados del sur del país.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad del padre Alejandro Solalinde, con el fin de que pueda continuar con su trabajo de defensa de los derechos de los migrantes en el municipio de Ixtepec;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad de los migrantes que se alojan en el refugio Hermanos del Camino en Ixtepec;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre la amenaza realizada por funcionarios locales de quemar el refugio, y que se garantice que los responsables rinden cuentas de sus actos;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas urgentes para prevenir los ataques contra las personas migrantes y quienes las ayudan;
- recordando a las autoridades que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevarlas a cabo sin restricciones y sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600
MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario
Lic. Evencio Nicolás Martínez Ramírez
Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverría s/n
Col. La Experimental
San Antonio de la Cal, Oaxaca C.P. 71236
Oaxaca, MÉXICO
Fax: +52 951 511 5519
Tratamiento: Estimado Procurador
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, 6° piso
Blvd. Adolfo López Mateos n° 1922, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón
México D.F., C.P. 01040, MÉXICO
Fax: +52 55 5681 7199
Tratamiento: Señor Presidente
COPIA A:
Organización no gubernamental
Foro Migraciones
Correo-e.: foromigraciones@gmail.com
y a la representación diplomática de México acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 27 de agosto de 2008.
migrantes
Migrantes del refugio Hermanos del Camino en Ixtepec, estado de Oaxaca
El padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacifico Sur del Episcopado Mexicano y director de un refugio para migrantes en el municipio de Ixtepec, estado de Oaxaca, recibió de unos funcionarios municipales la amenaza de que, si no cierra el refugio, lo van a quemar. Las vidas del padre Alejandro Solalinde y de los migrantes que se alojan en el refugio corren peligro.
El 24 de junio, un grupo de unos 50 residentes encabezados por funcionarios municipales, entre ellos el alcalde y 14 policías municipales, irrumpió en el refugio Hermanos del Camino, gestionado por el padre Alejandro Solalinde, y amenazó con prender fuego al edificio si no se cerraba en un plazo de 48 horas.
Unos días antes de este incidente, un migrante centroamericano había sido detenido por la violación de una niña de seis años en Ixtepec. En entrevistas a los medios de comunicación, el padre Alejandro Solalinde había condenado la violación, pero había aclarado que el detenido no se había alojado en su refugio. El padre Alejandro Solalinde dijo a los periodistas que la violación había provocado un aumento del resentimiento contra los migrantes centroamericanos que atraviesan Ixtepec para tratar de alcanzar la frontera del norte de México.
En los últimos años, el padre Alejandro Solalinde ha condenado públicamente el trato que las autoridades dan en México a los migrantes irregulares (aquellos un carecen de permiso legal para permanecer en el país), un trato que incluye palizas y extorsiones.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En los últimos años, las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han manifestado su preocupación por los abusos que sufren estas personas, especialmente las procedentes de América Central y del Sur que tratan de llegar a Estados Unidos. Según los informes, las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios mexicanos incluyen palizas, extorsiones y devoluciones en masa. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes visitó en marzo las fronteras del norte y el sur de México y ha manifestado honda preocupación por el trato que reciben los migrantes a manos de las autoridades federales, estatales y municipales, especialmente en los estados del sur del país.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad del padre Alejandro Solalinde, con el fin de que pueda continuar con su trabajo de defensa de los derechos de los migrantes en el municipio de Ixtepec;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad de los migrantes que se alojan en el refugio Hermanos del Camino en Ixtepec;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata e imparcial sobre la amenaza realizada por funcionarios locales de quemar el refugio, y que se garantice que los responsables rinden cuentas de sus actos;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas urgentes para prevenir los ataques contra las personas migrantes y quienes las ayudan;
- recordando a las autoridades que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos reconoce la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos y su derecho a llevarlas a cabo sin restricciones y sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
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Bucareli 99, 1er. piso,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P.06600
MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
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Lic. Evencio Nicolás Martínez Ramírez
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Oaxaca, MÉXICO
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Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
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y a la representación diplomática de México acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 27 de agosto de 2008.
martes, 29 de abril de 2008
Oaxaca: temor por seguridad de trabajadores de radios
MÉXICO Melchor López, director de Radio Mixteca
Trabajadores de la emisora de radio comunitaria “La voz que rompe el silencio” y otras emisoras de radio comunitarias de la región indígena mixteca
Melchor López es el director de Radio Mixteca, una pequeña emisora de radio comercial con sede en la localidad de Santiago Juxtlahuaca, en el estado meridional de Oaxaca. El 17 de abril, al salir del trabajo, le siguieron unos hombres en un todoterreno blanco; además, unos hombres, también en un todoterreno blanco, realizaron varios disparos contra su casa a la mañana siguiente. Melchor López se ha visto obligado a buscar refugio en Ciudad de México. Desde que, en abril de 2007, montó la emisora de radio, ha venido recibiendo repetidas amenazas de muerte de personas que tratan de hacerse con el control de la emisora en beneficio de sus intereses políticos.
Dos jóvenes indígenas triqui que trabajaban para una emisora de radio comunitaria indígena fueron muertas a tiros el 7 de abril cuando se dirigían en automóvil a la principal localidad triqui de San Juan Copala, no lejos de Santiago Juxtlahuaca. Las dos mujeres, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, trabajaban para la emisora indígena comunitaria local “La voz que rompe el silencio” en San Juan Copala, una emisora que había recibido numerosas amenazas de muerte desde que empezó sus emisiones en enero de 2008. Las otras cuatro personas que trabajan en la emisora, así como otras que prestan asistencia técnica a la red de radio comunitaria de la región, corren también peligro.
Unos días después del homicidio de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, la Procuraduría General del estado de Oaxaca dijo a periodistas locales que las mujeres muertas no eran el objetivo del ataque, pero no explicó los motivos de esa aseveración. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno del estado que proporcionara protección al personal de “La voz que rompe el silencio” y a sus familias, pero el gobierno aún no ha atendido esta petición.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La zona mixteca de Oaxaca, en el sur de México, y especialmente la región triqui, es una de las más pobres y conflictivas del país. En ella hay 15.000 pueblos de habla triqui. Más de un millar de miembros de la comunidad han sido asesinados allí desde 1948 en disputas políticas y de tierras. En la gran mayoría de los casos, los responsables de estas muertes no han comparecido ante la justicia.
En enero de 2007, San Juan Copala, centro histórico de la cultura indígena triqui, votó a favor de establecer un municipio autónomo, independiente de las autoridades municipales oficiales con sede en localidades vecinas como Santiago Juxtlahuaca, que absorbió el municipio triqui original en 1948. Gran parte de la población triqui culpa a los caciques aliados a las autoridades municipales oficiales de promover la división –por líneas de clan y de otro tipo– en la comunidad y de fomentar la violencia en la región triqui. “La voz que rompe el silencio” se estableció para apoyar el nuevo municipio autónomo, informar a la comunidad local y promover la reconciliación entre grupos divididos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que protejan a Melchor López, director de Radio Mixteca, conforme a sus propios deseos;
- pidiéndoles que ordenen una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la intimidación sufrida por este hombre el 17 de abril y que lleven a los responsables ante la justicia;
- expresando preocupación por la seguridad de quienes trabajan para la emisora de radio comunitaria indígena “La voz que rompe el Silencio” en San Juan Copala y para otras emisoras de radio comunitarias de la región mixteca, e instando a las autoridades a hacer cuanto sea necesario para proteger a estas personas, conforme a los deseos de los propios afectados;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el asesinato de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
- recordando a las autoridades que tienen el deber de garantizar que los responsables de ataques contra trabajadores de los medios de comunicación rinden cuentas de sus actos, para así prevenir futuros ataques y crear un clima en el que los periodistas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario
Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 9.5, Santa María Coyotepec, Oaxaca C.P. 71254, Oaxaca, MÉXICO
Fax: +52 951 517 8120
Correo-e.: gobernador@oaxaca.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador
Lic. Evencio Nicolás Martínez Ramírez
Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverría s/n, Col. La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca C.P. 71236, Oaxaca, MÉXICO
Fax: +52 951 511 5519
Tratamiento: Estimado Procurador
Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, 6° piso
Blvd. Adolfo López Mateos n° 1922, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón
México D.F., C.P. 01040, MÉXICO
Fax: +52 55 5681 7199
Tratamiento: Señor Presidente
COPIA A:
ARTICLE 19 México, Medellín 33 Col. Roma, México D.F. 06140, México
Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Jazmín No. 2 Colonia, Jardines del Sur
Oaxaca, Huajuapan de León 69007, México
y a la representación diplomática de México acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de junio de 2008.
Trabajadores de la emisora de radio comunitaria “La voz que rompe el silencio” y otras emisoras de radio comunitarias de la región indígena mixteca
Melchor López es el director de Radio Mixteca, una pequeña emisora de radio comercial con sede en la localidad de Santiago Juxtlahuaca, en el estado meridional de Oaxaca. El 17 de abril, al salir del trabajo, le siguieron unos hombres en un todoterreno blanco; además, unos hombres, también en un todoterreno blanco, realizaron varios disparos contra su casa a la mañana siguiente. Melchor López se ha visto obligado a buscar refugio en Ciudad de México. Desde que, en abril de 2007, montó la emisora de radio, ha venido recibiendo repetidas amenazas de muerte de personas que tratan de hacerse con el control de la emisora en beneficio de sus intereses políticos.
Dos jóvenes indígenas triqui que trabajaban para una emisora de radio comunitaria indígena fueron muertas a tiros el 7 de abril cuando se dirigían en automóvil a la principal localidad triqui de San Juan Copala, no lejos de Santiago Juxtlahuaca. Las dos mujeres, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, trabajaban para la emisora indígena comunitaria local “La voz que rompe el silencio” en San Juan Copala, una emisora que había recibido numerosas amenazas de muerte desde que empezó sus emisiones en enero de 2008. Las otras cuatro personas que trabajan en la emisora, así como otras que prestan asistencia técnica a la red de radio comunitaria de la región, corren también peligro.
Unos días después del homicidio de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, la Procuraduría General del estado de Oaxaca dijo a periodistas locales que las mujeres muertas no eran el objetivo del ataque, pero no explicó los motivos de esa aseveración. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno del estado que proporcionara protección al personal de “La voz que rompe el silencio” y a sus familias, pero el gobierno aún no ha atendido esta petición.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La zona mixteca de Oaxaca, en el sur de México, y especialmente la región triqui, es una de las más pobres y conflictivas del país. En ella hay 15.000 pueblos de habla triqui. Más de un millar de miembros de la comunidad han sido asesinados allí desde 1948 en disputas políticas y de tierras. En la gran mayoría de los casos, los responsables de estas muertes no han comparecido ante la justicia.
En enero de 2007, San Juan Copala, centro histórico de la cultura indígena triqui, votó a favor de establecer un municipio autónomo, independiente de las autoridades municipales oficiales con sede en localidades vecinas como Santiago Juxtlahuaca, que absorbió el municipio triqui original en 1948. Gran parte de la población triqui culpa a los caciques aliados a las autoridades municipales oficiales de promover la división –por líneas de clan y de otro tipo– en la comunidad y de fomentar la violencia en la región triqui. “La voz que rompe el silencio” se estableció para apoyar el nuevo municipio autónomo, informar a la comunidad local y promover la reconciliación entre grupos divididos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que protejan a Melchor López, director de Radio Mixteca, conforme a sus propios deseos;
- pidiéndoles que ordenen una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre la intimidación sufrida por este hombre el 17 de abril y que lleven a los responsables ante la justicia;
- expresando preocupación por la seguridad de quienes trabajan para la emisora de radio comunitaria indígena “La voz que rompe el Silencio” en San Juan Copala y para otras emisoras de radio comunitarias de la región mixteca, e instando a las autoridades a hacer cuanto sea necesario para proteger a estas personas, conforme a los deseos de los propios afectados;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el asesinato de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;
- recordando a las autoridades que tienen el deber de garantizar que los responsables de ataques contra trabajadores de los medios de comunicación rinden cuentas de sus actos, para así prevenir futuros ataques y crear un clima en el que los periodistas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor a represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
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Tratamiento: Señor Secretario
Lic. Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 9.5, Santa María Coyotepec, Oaxaca C.P. 71254, Oaxaca, MÉXICO
Fax: +52 951 517 8120
Correo-e.: gobernador@oaxaca.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador
Lic. Evencio Nicolás Martínez Ramírez
Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverría s/n, Col. La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca C.P. 71236, Oaxaca, MÉXICO
Fax: +52 951 511 5519
Tratamiento: Estimado Procurador
Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, 6° piso
Blvd. Adolfo López Mateos n° 1922, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón
México D.F., C.P. 01040, MÉXICO
Fax: +52 55 5681 7199
Tratamiento: Señor Presidente
COPIA A:
ARTICLE 19 México, Medellín 33 Col. Roma, México D.F. 06140, México
Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Jazmín No. 2 Colonia, Jardines del Sur
Oaxaca, Huajuapan de León 69007, México
y a la representación diplomática de México acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de junio de 2008.
MÉXICO: Temor por la seguridad / preocupación médica
Tiburcio Gómez Pérez, recluso de la prisión estatal “Los Llanos” y miembro del grupo "La Voz de los Llanos”
Otros presos indígenas que apoyan al grupo
Diez reclusos de la prisión estatal de “Los Llanos”, en San Cristóbal de las Casas, en el estado meridional de Chiapas, han sido atacados y brutalmente golpeados por otros presos, según los informes con el consentimiento de las autoridades penitenciarias. Según una organización local de derechos humanos, los ataques fueron una represalia por las denuncias de malos tratos y corrupción en la prisión formuladas por los reclusos. Los agredidos no han recibido atención médica, y corren peligro de sufrir nuevos ataques.
El 21 de abril, siete presos indígenas que han organizado un grupo de apoyo llamado “La Voz de los Llanos” fueron atacados, junto con tres simpatizantes del grupo, por una banda de 20 presos. Según los testimonios de las víctimas, los atacantes estaban encabezados por una banda delictiva conocida como “Los Precisos”, que controla a los demás reclusos por medio de amenazas, violencia y extorsión, según los informes con el consentimiento de las autoridades penitenciarias. Las víctimas afirmaron haber sido golpeadas con palos y haber recibido patadas y puñetazos, bajo la mirada de los guardias de la prisión. Una de las víctimas asegura que le sumergieron la cabeza en agua hasta que casi se ahogó. Según su testimonio, las víctimas sufrieron lesiones tales como hematomas y posibles fracturas de hueso, así como lesiones internas, pero no han recibido tratamiento médico, y tampoco han podido ver a un médico que pudiera evaluar su estado.
Según la organización local Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los miembros de “La Voz de los Llanos”, que se consideran presos políticos, han sufrido malos tratos y acoso en varias ocasiones. Dos de los líderes de “La Voz de los Llanos”, Tiburcio Gómez Pérez y Aureliano Álvarez Gómez, fueron trasladados a la prisión de “Los Llanos” en marzo de 2007 como medida de protección frente al acoso y la tortura que habían sufrido en otra prisión estatal por haber organizado en ella un grupo de apoyo (véase AU 197/06, AMR 41/001/2006, del 19 de julio de 2006). Sin embargo, poco después de ser trasladados a la nueva prisión, ambos fueron encerrados en una celda aislada de los demás presos. Ellos dos afirman que este encierro se debió a que se negaron a ceder a las extorsiones del personal de la prisión.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los informes de tortura y malos tratos en prisión siguen siendo habituales en estados como Chiapas. Las condiciones penitenciarias tanto de los que permanecen en espera de juicio como de los que ya han sido condenados constituyen trato cruel, inhumano y degradante en algunos estados, y en muchos centros imperan la corrupción y la violencia. En Chiapas, decenas de presos que consideran que su detención, procesamiento y condena se debe a motivos políticos y es resultado de juicios injustos, se pusieron en huelga de hambre para pedir su liberación entre marzo y abril de 2008. Casi un centenar de ellos han sido liberados posteriormente tras resolverse que los procedimientos judiciales en su contra carecían de fundamento, pero otros, como Tiburcio Gómez Pérez, permanecen encarcelados.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los presos indígenas pertenecientes al grupo “La Voz de los Llanos” y simpatizantes de ese mismo grupo;
- pidiendo que se facilite a los que fueron atacados el 21 de abril acceso inmediato a la atención médica que puedan necesitar;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de los que se encuentran en peligro;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las denuncias de tortura y malos tratos sufridos por el grupo a manos de otros reclusos;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que todo funcionario de prisiones del que se determine que ha ordenado, alentado o tolerado ataques y amenazas de unos reclusos contra otros es apartado de su puesto y rinde cuentas de sus actos.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1º piso, Col. Centro,
C.29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 618 8050 ext. 21122
Tratamiento: Señor Gobernador
Lic. Amador Rodríguez Lozano
Ministro de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento Norte s/n, tercer nivel
Col. Infonavit “El Rosario”, CP 29049
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MÉXICO
Fax: + 52 961 61 657 24
Tratamiento: Señor Ministro
Lic. Juan José Mora Mora
Secretario Ejecutivo
Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad
3a. Poniente Sur No. 157, Col. Centro
C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MÉXICO
Fax: + 52 961 61 33 154 o + 52 961 61 21821 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax, por favor”)
Correo-e.: jmora@secesp.chiapas.gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario
COPIA A:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Calle Brasil 14, Barrio Méxicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Correo-e.: accionurgente@frayba.org.mx
y a la representación diplomática de México acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de junio de 2008.
Otros presos indígenas que apoyan al grupo
Diez reclusos de la prisión estatal de “Los Llanos”, en San Cristóbal de las Casas, en el estado meridional de Chiapas, han sido atacados y brutalmente golpeados por otros presos, según los informes con el consentimiento de las autoridades penitenciarias. Según una organización local de derechos humanos, los ataques fueron una represalia por las denuncias de malos tratos y corrupción en la prisión formuladas por los reclusos. Los agredidos no han recibido atención médica, y corren peligro de sufrir nuevos ataques.
El 21 de abril, siete presos indígenas que han organizado un grupo de apoyo llamado “La Voz de los Llanos” fueron atacados, junto con tres simpatizantes del grupo, por una banda de 20 presos. Según los testimonios de las víctimas, los atacantes estaban encabezados por una banda delictiva conocida como “Los Precisos”, que controla a los demás reclusos por medio de amenazas, violencia y extorsión, según los informes con el consentimiento de las autoridades penitenciarias. Las víctimas afirmaron haber sido golpeadas con palos y haber recibido patadas y puñetazos, bajo la mirada de los guardias de la prisión. Una de las víctimas asegura que le sumergieron la cabeza en agua hasta que casi se ahogó. Según su testimonio, las víctimas sufrieron lesiones tales como hematomas y posibles fracturas de hueso, así como lesiones internas, pero no han recibido tratamiento médico, y tampoco han podido ver a un médico que pudiera evaluar su estado.
Según la organización local Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los miembros de “La Voz de los Llanos”, que se consideran presos políticos, han sufrido malos tratos y acoso en varias ocasiones. Dos de los líderes de “La Voz de los Llanos”, Tiburcio Gómez Pérez y Aureliano Álvarez Gómez, fueron trasladados a la prisión de “Los Llanos” en marzo de 2007 como medida de protección frente al acoso y la tortura que habían sufrido en otra prisión estatal por haber organizado en ella un grupo de apoyo (véase AU 197/06, AMR 41/001/2006, del 19 de julio de 2006). Sin embargo, poco después de ser trasladados a la nueva prisión, ambos fueron encerrados en una celda aislada de los demás presos. Ellos dos afirman que este encierro se debió a que se negaron a ceder a las extorsiones del personal de la prisión.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los informes de tortura y malos tratos en prisión siguen siendo habituales en estados como Chiapas. Las condiciones penitenciarias tanto de los que permanecen en espera de juicio como de los que ya han sido condenados constituyen trato cruel, inhumano y degradante en algunos estados, y en muchos centros imperan la corrupción y la violencia. En Chiapas, decenas de presos que consideran que su detención, procesamiento y condena se debe a motivos políticos y es resultado de juicios injustos, se pusieron en huelga de hambre para pedir su liberación entre marzo y abril de 2008. Casi un centenar de ellos han sido liberados posteriormente tras resolverse que los procedimientos judiciales en su contra carecían de fundamento, pero otros, como Tiburcio Gómez Pérez, permanecen encarcelados.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los presos indígenas pertenecientes al grupo “La Voz de los Llanos” y simpatizantes de ese mismo grupo;
- pidiendo que se facilite a los que fueron atacados el 21 de abril acceso inmediato a la atención médica que puedan necesitar;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de los que se encuentran en peligro;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las denuncias de tortura y malos tratos sufridos por el grupo a manos de otros reclusos;
- pidiendo a las autoridades que garanticen que todo funcionario de prisiones del que se determine que ha ordenado, alentado o tolerado ataques y amenazas de unos reclusos contra otros es apartado de su puesto y rinde cuentas de sus actos.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1º piso, Col. Centro,
C.29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 618 8050 ext. 21122
Tratamiento: Señor Gobernador
Lic. Amador Rodríguez Lozano
Ministro de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento Norte s/n, tercer nivel
Col. Infonavit “El Rosario”, CP 29049
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MÉXICO
Fax: + 52 961 61 657 24
Tratamiento: Señor Ministro
Lic. Juan José Mora Mora
Secretario Ejecutivo
Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad
3a. Poniente Sur No. 157, Col. Centro
C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MÉXICO
Fax: + 52 961 61 33 154 o + 52 961 61 21821 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax, por favor”)
Correo-e.: jmora@secesp.chiapas.gob.mx
Tratamiento: Señor Secretario
COPIA A:
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Calle Brasil 14, Barrio Méxicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Correo-e.: accionurgente@frayba.org.mx
y a la representación diplomática de México acreditada en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de junio de 2008.
México: Tortura y violencia sexual contra detenidas de San Salvador Atenco -- Dos años de injusticia e impunidad
El segundo aniversario de los acontecimientos de San Salvador Atenco, Estado de México, se acerca sin avances sustanciales para las victimas de violencia sexual a manos de policías el 3 y 4 de mayo 2006.
La impunidad de estos graves casos de tortura es señal del compromiso insuficiente del gobierno de terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres.
Todas las 47 mujeres detenidas, como casi el total de las 207 personas detenidas el 3 y 4 de mayo 2006 sufrieron tortura u otras formas de maltrato. Sin embargo, los casos más graves son los de las 26 mujeres que presentaron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por actos de violencia sexual, incluso violación y otras formas de agresión sexual y violencia, durante su traslado a la cárcel de Santiaguito por parte de policías estatales. En el reclusorio inicialmente les fue negado el acceso a un tratamiento médico adecuado y la posibilidad de denunciar lo ocurrido.
A pesar de evidencia médica que apoya las declaraciones de las mujeres y los testimonios de otros testigos, la investigación llevada a cabo por las autoridades estatales solo resultó en cargos contra 21 policías. Los tribunales ya han exonerado a 15 de ellos. Solo seis policías siguen procesados, cinco por abuso de autoridad y uno por actos libidinosos. Estos cargos menores no reflejan la gravedad de los actos de tortura cometidos ni el número de policías y oficiales involucrados directamente, o por negligencia, en estos crímenes.
La anterior Fiscal Especial Federal para los Delitos de Violencia contra las Mujeres llevó a cabo una investigación federal paralela, pero no ejerció jurisdicción directa sobre el caso y por lo tanto no dio lugar a la acción penal.
El Procurador General de la República debe demostrar su compromiso en este sentido, garantizando el apoyo pleno a la nueva Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) para que concluya su investigación y proceda contra los responsables.
La FEVIMTRA debe tomar pasos decisivos para terminar con la impunidad en estos casos, garantizar que todos los responsables rindan cuentas y las mujeres afectadas reciban reparaciones adecuadas.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas han recomendado al gobierno mexicano garantizar una investigación eficaz de la Fiscalía Especial federal para que los responsables sean procesados debidamente. Esto todavía no ha sido implementado.
Además es importante recordar que la investigación especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de lo acontecido en San Salvador Atenco no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos. Por lo tanto, no debería ser razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes.
El reclamo de las mujeres por la justicia, el debido reconocimiento por parte del estado de la gravedad de la tortura que sufrieron, y su derecho a la reparación son una deuda que las autoridades deberían asumir con urgencia.
Información General
El 3 y 4 de mayo 2006 más de 2,500 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos personas, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Denegación de Justicia en el Estado de México (AMR 41/02/2006) documentado la violencia sexual sufrida por al menos 26 de las detenidas.
Más de 50 personas siguen enfrentando procesos por delitos relacionados con las manifestaciones del 3 y 4 de mayo 2006, trece de los cuales siguen detenidas. En varias ocasiones, Amnistía Internacional ha expresado preocupación por las serias irregularidades que han vulnerado el derecho a un juicio justo de los acusados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación está llevando acabo una investigación no jurisdiccional acerca de lo ocurrido.
jueves, 10 de abril de 2008
Jornada organizada por Amnistia Internacional Seccion Uruguay
La Jornada se inserta dentro del marco de la conmemoracion de un martirio de la lucha contra la impunidad en Guatemala: El 26 de Abril se cumplirán diez años del asesinato de monseñor Gerardi, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala. Fue asesinado en el año de 1998, ds años despues de la firma de la paz, y 48 horas después de que había presentado los resultados del Proyecto REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica) y donde había gritado con indignación en la Catedral: “¡Guatemala, nunca más!”, en defensa de los más de 150000 víctimas del conflicto armado interno. Hoy en dia, se siguen prduciendo amenazas de muerte contra la vida y integridad personal contra los y las activistas de los derechos humanos, como recien, el 31 de Marzo, el Obispo de la Diocesis de San Marcos, por su acompañemiento a las poblaciones indigenas en las reivindicaciones de sus tierras ancestrales. No es posible que en un pais donde la gran mayoría de la poblacion es indigena, que se siga negando sus derechos, violando el convenio 169 de la OIT ratificado por el Gobierno en 1996. Guatemala es un pais sumamente racista, donde sigue predominando el sistema de opresión latifundio/minifundio (con un aborto de reforma agraria por el ejercito en 1954) la reproduccion de las politicas de terror del conflicto armado, asesinando en toda impunidad a lideres de los movimientos sociales (indigenas, campesinos, sindicalistas, etc).
Este Jueves 24 de Abril, Amnistia Internacional, con su lucha contra la impunidad les invita a participar a la Jornada Guatemala, Tierra de Impunidad, para informarse de la situacion actual de los derechos humanos de este pais. En el evento se presentara el trabajo actual de Amnistia en Guatemala, con un Informe, acciones urgentes y campañas. Se retransmitira el documental del Realizador frances Gregory Lassalle « Traficantes de verdades », que ilsutra la lucha contra la impunidad que se ejerce en Guatemala despues de los acuerdos de paz. La Jornada terminara con una charla/debate, con miembros de Amnistia y la invitada Maud DAMPNE,Investigadora en el Centro de Accion Legal para los Derechos Humanos y Ex-Voluntaria en el Comité Campesino Del Altiplano. El evento tendra lugar en la Sala XXX de la Facultad de Psicologia de la Universidad de la Republica, a las 19.00. La entrada es libre.
¡GUATEMALA: NUNCA MAS!
Guatemala: Amenazas contra Monseñor Álvaro Ramazzini
Monseñor Álvaro Ramazzini, jefe de la iglesia en el departamento de San Marcos, a unos 250 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala, ha sido amenazado. Amnistía Internacional cree que esta última amenaza a su seguridad está relacionada con su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Hacia las 11 de la mañana del día 31 de marzo, una camioneta gris se acercó a un miembro de la diócesis que trabaja en estrecha colaboración con monseñor Álvaro Ramazzini cuando caminaba por la localidad de San Marcos. Un desconocido, con sombrero y gafas de sol, se apeó del vehículo y agarró al trabajador de la diócesis por un brazo mientras le mostraba un arma. Le dijo: “Decile a ese cura hijo de la gran puta que deje de andarse metiendo en lo que no le importa, porque sus días están contados”.
El trabajador de la diócesis le preguntó si se refería a un sacerdote concreto que trabajaba en la zona, cuyo nombre le dijo, y el hombre respondió: “A ese desgraciado no lo conocemos, te estoy hablando de Ramazzini”. Luego empujó al trabajador de la diócesis con la punta de su arma y regresó a la camioneta, en la que se marchó.
Monseñor Ramazzini ha trabajado activamente en varias cuestiones de derechos humanos. En los últimos meses, la diócesis que dirige ha participado en cuestiones de tierras respaldando a comunidades rurales en conflictos por el uso de la tierra; también ha trabajado sobre cuestiones medioambientales relativas a un proyecto minero local, y ha destacado la cuestión de los derechos humanos de las personas migrantes. Recientemente acompañó al relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes en su visita a la región el 24 y 25 de marzo.
Monseñor Ramazzini ha sido blanco de amenazas en años anteriores. Amnistía Internacional pidió que se investigara una presunta amenaza contra su vida a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Al parecer, la amenaza había adoptado la forma de un contrato para matarlo (véase AMR 34/011/2005, Guatemala: Acoso a activistas de derechos humanos en 2005, 9 de marzo de 2005). En 2002 se emitió una Acción Urgente ante el temor por su seguridad a causa de unas amenazas que, según se creía, estaban relacionadas con los conflictos locales de tierras (véase AU 67/02, AMR 34/015/2002, del 7 de marzo de 2002).
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de Guatemala trabajan con un peligro constante de sufrir intimidación y acoso. En 2007, las organizaciones locales denunciaron haber sido blanco de 195 ataques. Las autoridades frecuentemente no les proporcionan protección adecuada cuando reciben amenazas, no investigan dichas amenazas y no llevan a los responsables ante la justicia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de monseñor Álvaro Ramazzini y el personal de la diócesis de San Marcos;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre este incidente, que se hagan públicos sus resultados y que se lleve a los responsables ante la justicia;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar a los miembros de la diócesis la seguridad necesaria para llevar a cabo sus actividades, respetando estrictamente sus deseos;
- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República de Guatemala
Lic. Álvaro Colom
Casa Presidencial, 6ª Avenida, 4-18, Zona 1.
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax + 502 2383 8390
Correo-e.: cartapresidente@scspr.gob.gt
Tratamiento: Estimado Sr. Presidente
Fiscalía Distrital San Marcos
7a. Av. "A" 8 – 06, zona 1
San Marcos, San Marcos. Guatemala.
Fax + 502 7760 4350 / 7760 4355 / 7760 1051
(si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
Tratamiento: Estimado Sr./Sra. Fiscal.
COPIA A:
Diócesis de San Marcos
10ª. Av. 6-28, zona 4
San Marcos, San Marcos. Guatemala.
Fax + 502 7760 3743
(si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
y a la representación diplomática de Guatemala acreditada en Uruguay
Sr. Ricardo Putzeys
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.
Dirección: Costa Rica 1538 (Carrasco, Montevideo)
Teléfonos: 601 22 25 – 604 18 13 Fax: 601 40 57
E-Mail: embajadaguatemala@netgate.com.uy
embaguate-uruguay@minex.gob.gt
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de mayo de 2008.
Hacia las 11 de la mañana del día 31 de marzo, una camioneta gris se acercó a un miembro de la diócesis que trabaja en estrecha colaboración con monseñor Álvaro Ramazzini cuando caminaba por la localidad de San Marcos. Un desconocido, con sombrero y gafas de sol, se apeó del vehículo y agarró al trabajador de la diócesis por un brazo mientras le mostraba un arma. Le dijo: “Decile a ese cura hijo de la gran puta que deje de andarse metiendo en lo que no le importa, porque sus días están contados”.
El trabajador de la diócesis le preguntó si se refería a un sacerdote concreto que trabajaba en la zona, cuyo nombre le dijo, y el hombre respondió: “A ese desgraciado no lo conocemos, te estoy hablando de Ramazzini”. Luego empujó al trabajador de la diócesis con la punta de su arma y regresó a la camioneta, en la que se marchó.
Monseñor Ramazzini ha trabajado activamente en varias cuestiones de derechos humanos. En los últimos meses, la diócesis que dirige ha participado en cuestiones de tierras respaldando a comunidades rurales en conflictos por el uso de la tierra; también ha trabajado sobre cuestiones medioambientales relativas a un proyecto minero local, y ha destacado la cuestión de los derechos humanos de las personas migrantes. Recientemente acompañó al relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes en su visita a la región el 24 y 25 de marzo.
Monseñor Ramazzini ha sido blanco de amenazas en años anteriores. Amnistía Internacional pidió que se investigara una presunta amenaza contra su vida a causa de su trabajo de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Al parecer, la amenaza había adoptado la forma de un contrato para matarlo (véase AMR 34/011/2005, Guatemala: Acoso a activistas de derechos humanos en 2005, 9 de marzo de 2005). En 2002 se emitió una Acción Urgente ante el temor por su seguridad a causa de unas amenazas que, según se creía, estaban relacionadas con los conflictos locales de tierras (véase AU 67/02, AMR 34/015/2002, del 7 de marzo de 2002).
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de Guatemala trabajan con un peligro constante de sufrir intimidación y acoso. En 2007, las organizaciones locales denunciaron haber sido blanco de 195 ataques. Las autoridades frecuentemente no les proporcionan protección adecuada cuando reciben amenazas, no investigan dichas amenazas y no llevan a los responsables ante la justicia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de monseñor Álvaro Ramazzini y el personal de la diócesis de San Marcos;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre este incidente, que se hagan públicos sus resultados y que se lleve a los responsables ante la justicia;
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para garantizar a los miembros de la diócesis la seguridad necesaria para llevar a cabo sus actividades, respetando estrictamente sus deseos;
- recordando a las autoridades que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República de Guatemala
Lic. Álvaro Colom
Casa Presidencial, 6ª Avenida, 4-18, Zona 1.
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax + 502 2383 8390
Correo-e.: cartapresidente@scspr.gob.gt
Tratamiento: Estimado Sr. Presidente
Fiscalía Distrital San Marcos
7a. Av. "A" 8 – 06, zona 1
San Marcos, San Marcos. Guatemala.
Fax + 502 7760 4350 / 7760 4355 / 7760 1051
(si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
Tratamiento: Estimado Sr./Sra. Fiscal.
COPIA A:
Diócesis de San Marcos
10ª. Av. 6-28, zona 4
San Marcos, San Marcos. Guatemala.
Fax + 502 7760 3743
(si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor")
y a la representación diplomática de Guatemala acreditada en Uruguay
Sr. Ricardo Putzeys
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.
Dirección: Costa Rica 1538 (Carrasco, Montevideo)
Teléfonos: 601 22 25 – 604 18 13 Fax: 601 40 57
E-Mail: embajadaguatemala@netgate.com.uy
embaguate-uruguay@minex.gob.gt
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de mayo de 2008.
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